Firmas de recobro y bancos llevan al juez por deudas a 200 familias de Lleida cada semana

Los juzgados de Primera Instancia de la demarcación de Lleida tamnitaron el año pasado 10.195 monitorios, las demandas en las que los particulares se reclaman deudas, un tipo de pleito que ha registrado un incremento del 68,6% en los últimos dos años, en los que su cadencia ha pasado de 116 a 196 asuntos por semana, según datos del CGPJ (Consejo General de Poder Judicial).

Las causas de ese aumento, explican fuentes judiciales, se hallan en un mayor recurso al crédito por parte de las familias, especialmente al de consumo (el interés dobla el oficial) y a menudo con formatos cercanos a la usura como las tarjetas revolving (18% anual de media), al que se une un mayor tasa de impagos, y, por parte de bancos y financieras, una mayor frecuencia en la venta de créditos fallidos a empresas de recobro.

“El monitorio es una vía privilegiada y rápida para ejecutar deudas, y eso exige cumplir unos requisitos”, explican fuentes judiciales, que destacan que “los primero que impone la ley es la supervisión del contrato de crédito para comprobar si contiene o no cláusulas abusivas”.

La combinación del perfil de los actores y las exigencias de la norma genera peculiaridades en el desenlace.“La mayoría de las deudas proceden de créditos de consumo, tarjetas y microcréditos, y en muchos casos quien insta el procedimiento es una empresa que ha comprado en bloque una cartera de morosos”, señalan fuentes judiciales. Las demandas por impago de suministros (luz, gas y teléfono), de primas de seguro y de letras de coche son escasos.

Sin embargo, más de la mitad de los asuntos acaba archivado porque el demandante no cumple el requisito de presentar el contrato original del préstamo, con lo que la deuda deja de serlo salvo que el acreedor logre probar su existencia en otra vía.

El 40% largo de demandas restante se divide, por mitades en dos grupos: los deudores que no comparecen se ven directamente ante la ejecución de su patrimonio, mientras que el resto (uno de cada cinco demandados) transforma su pleito en un proceso verbal (hasta 15.000€) u ordinario (más de 15.000).

Cada día un ciudadano se declara insolvente ante los tribunales

Las declaraciones de insolvencia de particulares que carecen de actividad profesional, es decir, que no son empresarios ni autónomos sino únicamente asalariados o pensionistas y consumidores, se han multiplicado por algo más de cinco en solo dos años en la demarcación de Lleida. 

El número de concursos de acreedores de particulares sin actividad económica ha pasado de 70 en 2021 a 374 en 2023, según los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). Y las 142 declaraciones que esa misma institución ha contabilizado en el primer trimestre de este año apunta a un fuerte repunte de la insolvencia entre los particulares. 

Esta suele estar relacionada con el sobreendeudadmiento, es decir, con la contratación de préstamos y de créditos en cuantía superior a la capacidad de liquidación que le ofrecen sus ingresos.

Las familias leridanas encadenan seis años de balance saneado

La economía de las familias, catalogadas como otros sectores residentes en la jerga financiera, llevan seis años en Lleida, desde la primavera de 2018, en una situación de saneada que no había logrado recuperar desde finales de 2001, según indican los datos del Banco de España. En diciembre de ese año, los depósitos bancarios de las familias leridanas sumaban 4,67 millones de euros, y superaban en 72.000 euros a la suma de los créditos y préstamos que tenían contratados. 

Ese saldo positivo volvió a darse a finales de marzo de 2018, cuando los depósitos (8,43 millones) resultaban ser 257.000 euros más que las deudas contratadas. La brecha ha continuado creciendo, básicamente por la mayor liquidación y la menor contratación de hipotecas, hasta alcanzar en marzo de este año los 3,2 millones de euros: 11,16 en ahorro y 7,95 en crédito.