El gobierno español quiere limitar el alquiler temporal a causas justificadas y permitir a los vecinos vetar pisos turísticos

El gobierno español pondrá en marcha cambios legislativos para limitar de manera más efectiva tanto los alquileres temporales como los pisos turísticos que han proliferado los últimos años a todo el Estado. Según ha dicho este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se quiere modificar la ley de propiedad horizontal para "empoderar a los vecinos" y hacer que la opinión de las comunidades sea vinculante a la hora de autorizar o no cualquier actividad económica en las fincas. En el caso de los alquileres temporales, rendija legal de muchas viviendas turísticas, la ministra ha apostado por hacer que se tengan que justificar y registrar. "La temporalidad dependerá de la causa", ha apuntado antes de ligar este formado a prácticas como los estudios o la investigación.

Tal y como ha indicado Rodríguez en una rueda de prensa Madrid, los alquileres temporales deben circunscribirse a situaciones específicas, condición avalada también por la Unión Europea. Para ello, ella apuesta por acompañar los contratos de alquiler temporal con documentos que acrediten la necesidad de esta modalidad al igual que los alquileres tradicionales requieren contratos de trabajo o nóminas salariales.

Rodríguez ha detallado que este mecanismo permitirá que los alquileres temporales no generen abusos que tengan el mercado de alquiler residencial como ocurre también con los pisos turísticos. Para ello, ha añadido, se creará urgentemente un reglamento y un registro que estará al servicio de los ayuntamientos y comunidades autónomas. "Ante el drama no se puede mirar a otro lado", enfatizó la ministra antes de recordar que la solución del problema de la vivienda es uno de los grandes retos de la presente legislatura.

Pisos turísticos

El gobierno español también quiere incrementar las limitaciones en los alquileres turísticos dando un mayor poder a las comunidades de vecinos. En este sentido, la ministra ha defendido que es necesario "apurar" el margen de competencia del Estado para hacer que las fincas tengan una opinión "determinante" a la hora de permitir o no una actividad económica como es un piso de alquiler turístico . Para ello se hará un ajuste legal "quirúrgico" que se negociará con los distintos grupos parlamentarios.

Desde el gobierno español recuerdan que la ley de vivienda de 2023 incorporaba la promesa de trabajar para regular los alquileres a través del grupo de trabajo donde Rodríguez ha preparado las nuevas propuestas del ejecutivo, y que se ha reunido este mediodía en la sede del Ministerio de Vivienda. De este espacio -que incluye sindicatos, patronales, inmobiliarias, agentes de la propiedad urbana y varios ministerios- el gobierno ha extraído el mandato de regular las modalidades de alquiler, aunque algunos actores, como el sindicato de inquilinos, han considerado insuficientes las propuestas planteadas por el ejecutivo.