El Estado anuncia la nulidad de las sentencias contra Companys

El Estado ha reconocido formalmente por primera vez que los tribunales que condenaron a Lluís Companys fueron “ilegales e ilegítimos” y que fue represaliado y fusilado en 1940 por ser el presidente de la Generalitat. Un anuncio que hizo ayer tras el Consell Executiu semanal la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que remarcó que, por primera vez, la Generalitat ha conseguido que se reconozca que “la condena fue injusta” y que se declaren ilegales tanto el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo, así como las condenas, sentencias y resoluciones que se emitieron en su contra. 

Casi 84 años después de su ejecución, el Estado reconoce de forma oficial que Companys, nacido en El Tarròs (Urgell), fue represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat, así como por razones “políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra de España o la dictadura posterior”. 

Así lo recoge el Ministerio de Memoria Democrática en una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal remitida al Govern, que añade que Companys fue condenado “por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la Presidencia de la Generalitat”. 

La declaración llega después de dos intentos por parte de la Generalitat: la primera impulsada por la nieta de Companys, en 2009, que se saldó con una declaración en la que se reconocía que fue “injustamente condenado a muerte por un consejo de guerra” y que sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, y la segunda en 2018, que complementaba a la anterior y el Govern consideró insuficientes para restaurar su honor.