Los españoles trabajan 212 días al año para pagar impuestos, según un estudio

El Día de la Liberación Fiscal (DLF) ha pasado del 13 (2021) al 30 de julio en 2024, según el Informe publicado por la Fundación Civismo. A partir del DLF, en teoría, toda la renta queda disponible para consumir y ahorrar. Considerando que 2024 tiene 366 días, los cálculos arrojan que se necesitan 212 días, (7 meses) de renta familiar para pagar los tributos de obligado cumplimiento en este año.

"El incremento de la carga impositiva junto con el aumento del nivel de precios y el estancamiento de los salarios por el déficit de productividad de la economía española hacen que los españoles deban destinar 7 meses de su trabajo a pagar impuestos", afirma Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo.

La alta presión fiscal sobre las familias españolas, una consecuencia directa de la crisis sanitaria y económica parece haberse convertido en una característica permanente la economía española.

La combinación de ingresos estancados y la creciente carga tributaria ha mantenido la presión fiscal en niveles elevados, afectando significativamente la economía doméstica.

En 2023, la recaudación por IRPF ha alcanzado un récord histórico de más de 120.000 millones de euros, impulsada por el aumento de las rentas totales de las familias y la escalada en los tramos fiscales.

Sin embargo, la falta de medidas para reducir la carga tributaria, junto con el aumento general de los precios y otros impuestos, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo y menor ascenso social y económico para los ciudadanos.

La recaudación por IVA también ha marcado un hito, alcanzando un récord nominal de 88.000 millones de euros en 2023, superando en más de 2.000 millones la cifra de 2022.

Este incremento se debe al aumento en el consumo, con la base imponible del IVA creciendo más de 23 puntos en los últimos dos años.

No obstante, se ha observado una recesión en el tipo efectivo devengado debido a la reducción del IVA en bienes esenciales como el gas y la luz, y el cambio en los hábitos de consumo de los españoles, que se han enfocado más en bienes y servicios con IVA reducido, como alimentos y transporte.

El estancamiento salarial en España durante más de una década ha sido una causa significativa del aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Desde 2012, los salarios medios solo han aumentado un 3,4%, una cifra que contrasta negativamente con otros países europeos.

En abril de 2024, la subida salarial media en España fue del 2,92%, inferior al promedio europeo del 4,7% y al 6,2% en Alemania, además de ser menor que el IPC del 3,3%.

Esta situación ha resultado en una mayor presión fiscal sobre salarios relativamente menores, y una consecuente pérdida de poder adquisitivo, exacerbando las dificultades económicas de las familias españolas.

En este contexto, la deflactación del IRPF se presenta como una herramienta fundamental para mantener la equidad tributaria frente al aumento del coste de vida.

Este enfoque ajusta los tramos impositivos para evitar que los contribuyentes experimenten mayores cargas fiscales simplemente debido a la inflación.

Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ajustar los tramos podría evitar que pequeños aumentos salariales lleven a saltos impositivos significativos.

El aumento proyectado en la recaudación del IRPF entre 2020 y 2023 subraya la importancia de políticas fiscales adaptativas que protejan el poder adquisitivo de los contribuyentes. Este incremento del 25% en la recaudación refleja una presión fiscal creciente, a pesar de las condiciones económicas cambiantes.

El sistema fiscal español permite que la tributación de las personas físicas sea muy dispar según el lugar de residencia El aumento continuo del coste de vida y la carga fiscal en España, especialmente en el caso del IRPF, refleja un incremento de casi un 33% desde 2003.

Esta tendencia estructural se ha mantenido a un ritmo de aproximadamente cuatro décimas por año, evidenciando un impacto a largo plazo que no ha sido mitigado durante la fase pandémica ni por fluctuaciones económicas cíclicas.

Las diferencias en la presión fiscal entre las comunidades autónomas generan un impacto significativo. Madrid, Andalucía y Castilla y León destacan por rebajar impuestos, mientras que Cataluña presenta una carga fiscal más alta. Estas disparidades se reflejan en variaciones de hasta un 7% en el IRPF por una misma renta anual bruta de 23.985 euros.

Además, se observan diferencias en la fecha de liberación fiscal, que va desde el 22 de julio en el País Vasco hasta el 4 de agosto en Cataluña, reflejando el impacto de las distintas políticas fiscales autonómicas en los ciudadanos.

El 50% del IRPF está cedido a las Comunidades Autónomas, que establecen deducciones específicas que permiten que la cuota líquida que satisfagan los contribuyentes sea diferente aún con el mismo nivel de ingresos y circunstancias personales y familiares.

Además, las cotizaciones sociales netas suponen el 60% del pago de impuestos anual debido a la enorme presión que ejercen las cotizaciones pagadas por la empresa.

Esto implica una diferencia notable respecto al resto de las economías desarrolladas, situándose la media de la OCDE en un 47%.

Como consecuencia, España tiene una presión fiscal sobre el consumo sustancialmente más baja que la media europea y de la OCDE, mientras que es mucho más alta en cotizaciones sociales e impuestos directos, siendo esto más perjudicial para los contribuyentes españoles al tener un mayor peso en la fiscalidad nacional.