Las residencias, a examen

Derechos Sociales ha abierto un proceso para que las entidades privadas puedan obtener la acreditación como proveedoras de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, lo que ha generado preocupación entre las residencias al señalar algunas entidades que muchas plazas se quedarán en el limbo, ya que todas deberán cumplir determinadas condiciones de confort, higiene o superficie, entre otras. La conselleria señaló que el trámite, cuyo plazo para presentar la solicitud y la documentación acabó ayer, afecta a las entidades que están bajo el régimen de colaboración y a las que ya están adaptadas al régimen de concierto social a raíz del decreto 69/2020. Asimismo, recordó que ha organizado encuentros para acompañarlas y les ha facilitado una guía.

Ante el temor de los centros no poder cumplir con el plazo, Derechos Sociales destacó que “no es necesario que estén acreditadas para este plazo”, pero sí que deben haber entregado la solicitud de acreditación. A partir de aquí, se irán resolviendo las solicitudes y, en el proceso de revisión, si se detectan errores o falta de documentación, se hará un requerimiento para corregirlo “con la voluntad de poderla acreditar”. Si pasado este proceso, no logra acreditarse, añade, porque no cumple con los criterios, no se le retirará el concierto de las plazas, pero no podrá concertar de nuevas. “Si hay una persona ingresada, no se eliminará su plaza, pero una vez el usuario ya no esté, aquella plaza no podrá ser ocupada con régimen de financiación pública”, señalaron. Sin embargo, destacaron que “la idea es que nos traslade su petición para estudiar cada caso y que haya tiempo durante 2025 para buscar soluciones y nuevas plazas y no haya efectos en las listas de espera”.