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Luz verde a nuevas normas de calidad del aire más estrictas en la Unión Europea

La polución atmosférica causa unas 300.000 muertes prematuras al año

Una vista de Madrid con la contaminación que ya se aprecia en el horizonte en una imagen de archivo.EFE/ Victor Lerena

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agencias 

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La Unión Europea (UE) adoptó este lunes sus nuevas normas en materia de calidad del aire, que elevan las exigencias respecto a los niveles vigentes y contemplan que los ciudadanos puedan reclamar una compensación si no se respetan los límites establecidos.

El Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros del bloque comunitario, adoptó la Directiva sobre Calidad del Aire, que pretende contribuir al objetivo de cero contaminación en 2050 reduciendo la polución atmosférica, que causa unas 300.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea. La normativa revisada establece nuevos límites para 2030, más alineados con las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque menos exigentes.

Las nuevas reglas establecen límites y valores objetivo para 2030 más estrictos en comparación con las normas actuales para varios contaminantes, incluidas las partículas finas (PM2,5, PM10), NO2 (dióxido de nitrógeno) y SO2 (dióxido de azufre). Para los dos contaminantes con mayor impacto documentado en la salud humana, PM2,5 y NO2, los valores límite anuales se reducirán a más de la mitad, de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ y de 40 µg/m³ a 20 µg/m³. respectivamente. También habrá más puntos de muestreo de la calidad del aire en las ciudades y una armonización de métodos y criterios en la vigilancia y modelado de los datos.

Las normas de calidad del aire se revisarán antes del 31 de diciembre de 2030 y, a partir de entonces, al menos cada cinco años y con más frecuencia si se desprenden de nuevos hallazgos científicos. Ahora bien, los Estados miembros podrán solicitar que el plazo de 2030 se posponga hasta diez años, si se cumplen condiciones específicas y en condiciones estrictas.

Una de las novedades de la legislación es que otorga a los ciudadanos acceso a la justicia y derecho a compensación para aquellos que puedan verse afectados por un incumplimiento de la directiva europea, que los países tendrán que trasponer a su legislación nacional.

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