Fiscalía pide 8 años de cárcel para un psiquiatra por fraude a un paciente

La Fiscalía mantuvo ayer la petición de ocho años de cárcel y 219.000 euros de multa para un psiquiatra leridano, J.R.P.P, que fue juzgado en la Audiencia por la supuesta estafa a un paciente –ya fallecido– de su clínica que padecía esquizofrenia crónica. El Ministerio Público mantiene que el acusado se quedó con su patrimonio de manera fraudulenta. El psiquiatra lo negó. La defensa, ejercida por Enric Rubio, solicitó la absolución. El paciente falleció en 2015 y, según la Fiscalía, el psiquiatra se apropió de la propiedad –un piso en el barrio de Poblenou de Barcelona– y de 20.809 euros de las cuentas.

Se da la circunstancia de que el médico ya fue juzgado en la Audiencia de Lleida por un caso similar del que fue absuelto en 2023 por falta de pruebas. Precisamente, este caso motivó que la Guardia Civil abriera una nueva investigación, según explicó ayer un agente, que afirmó que investigaron sobre el valor de la propiedad cedida que podría ser mayor al fijado, y otras circunstancias como la supuesta deuda contraída por el paciente –que motivó que en 2010 se firmara un contrato vitalicio por el que el paciente cedió al acusado su pensión y la propiedad, que se valoró en 176.000 euros–. Según el investigador se fijó como “pago dudoso”, pese al acuerdo con la familia.

El psiquiatra, que declaró último y solo a preguntas de su letrado, explicó que el paciente, que llevaba residiendo en el centro desde 1988, fue generando una deuda por su estancia y que, ante ello, fue su propia familia la que propuso hacer un vitalicio y la cesión de la propiedad para que el hombre pudiera seguir en la clínica hasta su muerte con todos los gastos cubiertos. Un hermano y un sobrino del fallecido afirmaron que ese fue el acuerdo. En este sentido, uno de los hermanos del paciente afirmó que “no puede haber ningún engaño porque la propuesta la hicimos nosotros”. El notario explicó que cuando hicieron la escritura explicó al paciente todo lo que conllevaba su aceptación. El acusado se traspasó la clínica en 2016. Los nuevos dueños afirmaron desconocer el acuerdo entre él y la familia del paciente. El Ministerio Público sostiene que, a partir de entonces, se constató una reducción drástica de los gastos de la estancia, pasando concretamente de 71 a 30 euros por día.