Nuevo límite de retirada de efectivo en cajeros: Conoce el tope máximo permitido
Los bancos en España ajustan las cantidades de retirada en cajeros para fortalecer la seguridad y prevenir fraudes
Con el objetivo de mejorar la seguridad financiera y combatir el fraude fiscal, varias entidades bancarias han introducido nuevos límites en la retirada de efectivo en cajeros automáticos. CaixaBank, por ejemplo, ha establecido un límite de 600 euros por operación, aunque este tope puede ajustarse a través de la aplicación CaixaBankNow, teléfono o en las oficinas de la entidad. En casos de mayor necesidad, los clientes pueden solicitar un aumento de hasta 1.200 euros, justificando la transacción.
Mayor control para grandes cantidades
Las retiradas superiores a 1.000 euros en efectivo pueden ser objeto de revisión adicional. Esto responde a las recomendaciones de la Agencia Tributaria para todas las entidades bancarias, con el fin de garantizar la transparencia en el uso del efectivo. Además, si se desea retirar 3.000 euros o más, el cliente deberá realizar el trámite en una sucursal, con ayuda de un empleado y presentar un justificante, siguiendo las normativas contra el blanqueo de capitales.
Muchas personas también optan por reducir su límite de extracción como medida preventiva ante robos o fraudes. La opción de ajustar el límite de retirada desde la app bancaria permite que el usuario establezca cantidades de retiro menores, incluso hasta 100 euros, minimizando así los riesgos ante cualquier incidente.
Ingresos en efectivo y normativa fiscal
Además de la retirada de efectivo, los bancos están obligados a notificar a la Agencia Tributaria cualquier ingreso en cajero superior a 3.000 euros o aquellos realizados con billetes de 500 euros. Estas medidas buscan asegurar la legitimidad del origen de los fondos, protegiendo el sistema contra fraudes.
¿Cuánto efectivo se puede llevar en España?
A pesar de los límites de retiro en cajeros, las regulaciones permiten que una persona porte hasta 10.000 euros en efectivo dentro de España sin necesidad de informar a las autoridades, siempre que pueda justificar su origen si se le solicita. Esta normativa se enmarca en las políticas de prevención de fraude y blanqueo de capitales, alineándose con las leyes europeas vigentes.