El último maqui vivo de España reclama un millón de euros como víctima del franquismo
Joan Busquets busca la reparación por la sentencia que lo encarceló 20 años y que la ley del 2022 declara nula
El barcelonés Joan Busquets, el último maqui vivo de España, reclama al estado español un millón de euros para reparar el sufrimiento a causa de la persecución política y los 20 años de prisión, después de que la ley de memoria democrática del 2022 haya establecido la nulidad de las sentencias franquistas. Busquets pide esta indemnización por la privación de libertad y las enfermedades e incapacidades derivadas de la represión. El abogado Raúl Maíllo ha indicado que presentaron el escrito en julio al Ministerio de Justicia y que, si después de seis meses no obtienen respuesta, recurrirán a la vía judicial. Busquets ha explicado que perdió la juventud en la prisión y que al salir, se exilió en Francia porque autoridades franquistas le hacían la vida “imposible”.
Joan Busquets, que nació en Barcelona en 1928, entró en la prisión cuando tenía 21 años y salió con 41. Las calles que hacía dos décadas que no pisaba tenían semáforos y recuerda que cruzaba en rojo porque no sabía ni qué significaban. “sufrí mucho para reintegrarme a la sociedad. Era un trauma. No tenía confianza en mí mismo”, ha expresado Busquets este martes en una rueda de prensa en Barcelona para explicar la reclamación que han presentado al Estado.
Poco a poco fue aprendiendo de nuevo a vivir en sociedad, pero la vida no era nada fácil para un antiguo guerrillero en aquella España todavía franquista y decidió marcharse a Francia, donde obtuvo el exilio político y donde todavía vive. A pesar del tiempo que ha pasado, el “trauma” de la pena de muerte, que finalmente le conmutaron por la prisión, y el recuerdo de los compañeros y amigos fusilados quedan “dentro”.
La ley de memoria histórica, en vigor desde el 2022, declaró ilegales e ilegítimos los órganos franquistas y la nulidad de sus resoluciones y, así, abrió un “nuevo escenario” para este antiguo maqui, lo único que queda vivo.
“Es la primera vez que se rompe el muro del traspaso de ley a ley. Había habido algún elemento puntual, pero es la primera vez que el Estado reconoce que la producción jurídica del franquismo, con todas las sentencias y penas, son nulas”, ha destacado al abogado Raúl Maíllo, del gabinete jurídico confederal de la CGT.
El otro elemento determinado es que la ley reconoce como víctimas a las personas que participaron en la guerrilla antifranquista. “En este país ha costado mucho el reconocimiento de la figura jurídica de los guerrilleros. Con estos dos elementos combinados surge la posibilidad de reclamar”, ha indicado Maíllo.
Si en seis meses desde que presentaron la reclamación no obtienen ninguna respuesta, entenderán que se ha producido un silencio administrativo negativo y acudirán a los juzgados. Busquets tiene claro que si abren esta vía quiere llegar hasta el final e ir a Europa si hace falta para obtener el reconocimiento moral y económico. En 1949 el grupo guerrillero de Busquets había sido condenado en un Consejo de Guerra militar “sumarísimo de urgencia”, que buscaba, lamenta, “reprimir a los enemigos con más dureza”.
Una España negra
Busquets, que ahora tiene 96 años, ha explicado, sobre cómo empezó su lucha contra el franquismo, que estaba “muy influenciado por la bestialidad” de la dictadura y ha puesto de ejemplo cómo les hacían cantar el himno de la Falange, ‘Cara al sol’, antes de cualquier espectáculo y cómo los castigaban si no lo hacían. “Era una España negra, un ambiente sin futuro para los jóvenes,” ha lamentado.
Entonces ya se marchó a Francia a trabajar en las minas de carbón, donde entró en contacto con las juventudes libertarias y la CNT. Se incorporó a la guerrilla en septiembre de 1948 y en octubre de 1949 fue detenido en Barcelona por la Brigada Político-social. En los calabozos de la comisaría de Vía Layetana, lo torturaron sin dejarlo dormir durante tres semanas de interrogatorios. Lo trasladaron a la prisión Modelo y, veinte días después, se celebró el juicio por lo que se denominaban ‘delitos de rebelión militar’ y lo condenaron a muerte.
La pena le fue conmutada tres meses después por la inferior en grado de 30 años de reclusión. Cumplió 15 años de condena al penal de San Miguel de los Reyes (Valencia), donde pasó “hambre” y “miseria”. Era un lugar de “exterminio”, recuerda en uno de sus escritos, dónde también denuncia las “condiciones inhumanas” en que fue tratado después de que se intentara escapar. De aquella situación le han quedado secuelas. Los últimos cinco años de pena los cumplió al Penal de Burgos. Cuando quedó en libertad, la Brigada Político-social le hacía la vida “imposible” y en 1971 se marchó a Francia. Explica que allí pidió exilio político y que le fue concedido inmediatamente.