Cero pantallas hasta los 6 años y móviles analógicos hasta los 12: Así son las recomendaciones de los expertos

El Consejo de Ministros del gobierno español ha recibido este martes el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 expertos para abordar la exposición de los menores a los móviles, en los que se recomiendan cero pantallas hasta los 6 años, teléfonos analógicos (sin acceso a Internet) hasta los 16, o limitar el uso del móvil a los adultos delante de los niños, entre otras medidas.

Así, de 0 a 3 años, los expertos recomiendan no exponer los niños y niñas en pantallas; y de 3 a 6 años, desaconsejan el uso de dispositivos digitales, con excepciones, "en caso de necesidad, de manera puntual y bajo la supervisión de un adulto", con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial.

Además, hasta los 6 años, aconsejan limitar el uso de dispositivos digitales por los adultos en presencia de menores, y de 6 a 12 años recomiendan limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet y priorizar actividades vivenciales, deportivas, en contacto con la naturaleza y el entorno físico y presencial.

De 12 a 16 años, si se decide permitir el acceso a dispositivos digitales, los expertos consideran "esencial" instalar herramientas de control parental que permitan evitar el acceso a contenidos inadecuados, así como gestionar el tiempo de exposición, garantizando la adopción de medidas de seguridad y de configuración de la privacidad.

En este mismo tramo de edad, hasta los 16 años, proponen priorizar el uso de teléfonos analógicos (que sólo permite la llamada, sin acceso a Internet), si se estima que son necesarios. También sugieren retrasar la edad del primer móvil inteligente "el máximo posible" y, en caso de regalarlo a un menor de 16 años, subrayan la necesidad de utilizar el control parental para limitar y monitorizar el acceso a los contenidos y el tiempo de uso.

De esta manera, las expertas y expertos plantean "un acceso gradual, el más seguro, respetuoso con sus derechos de privacidad e intimidad y educativo posible, y adaptado al nivel de madurez y capacidad progresiva".

En total, el comité plantea 107 medidas dirigidas al gobierno para su estudio, agrupadas en tres bloques temporales de implantación (corto, medio y largo plazo) así como recomendaciones a las familias. El objetivo es que las Administraciones Públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección ante una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El informe -- -elaborado de forma altruista y de forma independiente- incluye un diagnóstico de 150 páginas sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad, en qué se analiza, entre otros, la responsabilidad de la industria, la exposición de los niños y niñas a las redes sociales, el papel de las familias y otros actores de la sociedad, y las herramientas de protección.

Además de las recomendaciones mencionadas, los expertos plantean medidas de regulación dirigidas al sector de la industria, como la configuración por defecto de espacios seguros digitales (control parental) o la obligatoriedad de advertir al etiquetado de los dispositivos de los riesgos que tiene para su utilización salud, y de elaborar informes de impacto de los productos mencionados. Además, añade la importancia de reforzar los mecanismos de denuncia y bloqueo.

En el ámbito educativo, el comité insta a la regulación del uso de los dispositivos en los centros educativos. En este apartado, diferencian entre los de uso privado de los alumnos (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas a secundaria) y los de los mismos centros. En estos últimos, se plantea la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.

Con respecto a la protección de los derechos de las personas más vulnerables (niñas, niños y adolescentes), el comité plantea la regulación de las personas creadoras de contenido --incluyendo los "kids influencers" -- y aboga por la "prohibición expresa de exponer personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red", independientemente que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente.

En este apartado, el comité insta especialmente a regular la práctica del "sharenting" --compartir fotografías de menores en las redes sociales-- por parte de personas creadoras de contenido o "influencers".

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, el comité ha sido formado por 50 personas independientes y expertas en varios ámbitos, presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, y estructurado en seis grupos de trabajo (Salud, Educación, Privacidad, Industria y Consumo, Derechos, Participación y Pornografía/Violencia Sexual), con una presencia equilibrada entre hombres y mujeres.

El grupo ha contado con representación del Plataforma de Organizaciones de Infancia, UNICEF, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.

En paralelo a la elaboración del informe, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el mes de junio pasado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con el objetivo de adelantar las iniciativas que fueran posibles. Según explica el Ministerio de Juventud e Infancia, 35 de las 107 medidas del informe ya formaban parte del Anteproyecto mencionado (sistemas de verificación de la edad o control parental, entre otros).

El Ministerio de Juventud e Infancia ha asegurado que estudiarán el resto de propuestas de cara a su posible incorporación en el trámite del texto o a través de las iniciativas correspondientes.

Además, ha anunciado que impulsarán también una Estrategia Nacional que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes y los permita disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en la red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.