Los bancos tendrán que informar a Hacienda de los pagos que hagas con tarjeta si la suma anual supera esta cantidad
Nuevo decreto para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la transparencia tributaria
Los bancos tendrán que informar a Hacienda de las operaciones con tarjeta que superen una determinada cantidad.
El gobierno español está trabajando en la redacción de un nuevo real decreto que incrementará las obligaciones de información a la Agencia Tributaria que deberán cumplir todas las entidades financieras a partir de 2025. La reforma incluye una nueva declaración anual que tendrán que presentar todas las entidades emisoras de tarjetas, ya sean bancos o redes de gasolineras, entre otros.
Estas compañías deberán desglosar la cifra total de operaciones y la cantidad que realicen cada año en concepto de cargos, recargos, retiradas de efectivo o compras, siempre que los movimientos lleguen a los 25.000 euros anuales. La medida se aplicará a cualquier tipo de tarjeta: crédito, débito, prepago, monedero, digitales o compras online, independientemente de la moneda utilizada.
Presentación de la declaración en 2026 sobre movimientos de 2025
La primera presentación de esta declaración ante la Agencia Tributaria se realizará en 2026, correspondiente a los movimientos efectuados durante el año 2025. En la misma, se deberá identificar al titular de la tarjeta, la cifra de cargos del año y su importe total, tanto de compras como de retiradas en efectivo.
El objetivo principal de esta medida es aprobar el reglamento del nuevo impuesto mínimo global del 15% para grupos y multinacionales, cuya ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de diciembre. Además, el real decreto modificará el reglamento del IRPF y el de procedimientos de gestión e inspección tributaria, junto con cambios en otros reglamentos como el que regula los programas informáticos de facturación empresarial.
Proceso de aprobación y adaptación normativa
Tras haber sido sometido a información pública, el proyecto sobre estas modificaciones se remitirá al Consejo de Estado para su informe preceptivo antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que el gobierno español prevé realizar a la mayor brevedad posible.
Con estas medidas, la Agencia Tributaria busca adaptar la normativa a la lucha contra el fraude fiscal mediante la prevención del blanqueo de capitales, considerando la creciente tendencia de pagos a través de sistemas electrónicos y la prestación de estos servicios por agentes radicados en otros países.
Información mensual adicional sobre cobros con tarjeta o móvil
Si finalmente el proyecto de real decreto es aprobado en los términos propuestos por el gobierno español, las entidades financieras no solo deberán presentar la declaración anual sobre movimientos de tarjetas, sino que también tendrán que informar mensualmente a la Agencia Tributaria de todos los cobros efectuados por empresarios o autónomos mediante tarjetas o mecanismos de pago asociados al teléfono móvil, como aplicaciones bancarias tipo Bizum o PayPal, sin importar la cuantía.
En resumen, el gobierno español está ultimando un real decreto que impondrá nuevas obligaciones informativas a las entidades financieras a partir de 2025, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y adaptarse a la creciente digitalización de los pagos. Esto incluirá una declaración anual de movimientos de tarjetas superiores a 25.000 euros y una información mensual sobre cobros realizados a empresarios y autónomos mediante tarjetas o pagos móviles. El proyecto deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros tras recibir el informe preceptivo del Consejo de Estado.
La implementación de estas nuevas obligaciones informativas para entidades financieras forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno español para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos. Estas iniciativas se enmarcan en un contexto internacional de mayor cooperación y transparencia fiscal, con el objetivo de garantizar una tributación justa y equitativa para todos los contribuyentes.
La Agencia Tributaria española, como organismo encargado de la gestión y recaudación de impuestos, desempeñará un papel clave en la implementación y supervisión de estas nuevas obligaciones. Para ello, contará con herramientas tecnológicas avanzadas y personal especializado que permitirán un análisis exhaustivo de la información proporcionada por las entidades financieras.
Además de las medidas específicas recogidas en el real decreto, se espera que el gobierno español continúe impulsando otras iniciativas complementarias para combatir el fraude fiscal, como el refuerzo de los mecanismos de control y sanción, la promoción de la educación fiscal entre la ciudadanía y la colaboración con otros países y organismos internacionales en materia de intercambio de información tributaria.
