Más de 330 niños atendidos por abusos

Las casas Barnahus de Lleida y La Seu d’Urgell atendieron a un total de 334 menores de edad víctimas de abusos sexuales entre febrero (mes en el que comenzaron el servicio) y diciembre de 2024. Es el balance que presentó ayer la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, que destacó que la detección de violencia sexual infantil se ha multiplicado por 2,5 en solo un año gracias a un modelo de atención integral y multidisciplinar que evita la revictimización del menor y busca acabar con la “impunidad”. Según las cifras del departamento, en la casa de Lleida se atendieron el año pasado 270 casos y otros 64 en la de La Seu d’Urgell. Uno de los retos de este año es la construcción de espacios definitivos tanto en la capital del Segrià como en la del Alt Urgell, que ahora se encuentran en ubicaciones temporales. La previsión es que las nuevas casas, ahora en construcción, entren en funcionamiento en 2026.

En cuanto al perfil de 2.897 los menores y adolescentes atendidos en los 14 centros repartidos por toda Catalunya, ocho de cada diez son niñas y el 53,1% de los hechos han tenido lugar en el ámbito familiar. Sobre las edades, los abusos sufridos entre los 12 y los 15 años representan cerca del 34% y la franja de edad de 5 a 8 años concentran un 29,4% de los casos atendidos en los servicios Barnahus. Asimismo, la mayoría de los casos vienen derivados por los profesionales sanitarios y cerca del 45% están judicializados.

Si se conoce o se sospecha de maltrato infantil se puede llamar al 116 111 o visitar www.totok.cat

La consellera, Mònica Martínez Bravo, valoró el éxito del modelo, con una buena acogida a nivel judicial, que ofrece un espacio adecuado y amable para que los niños y niñas se sientan seguros y “las familias se atrevan a dar el paso a denunciar”. En este sentido, destacó que el modelo Barnahus ha permitido “aflorar una lacra que hasta ahora estaba enterrada”. Desde la conselleria recordaron que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) tiene la obligación de comunicar los casos en los que podría haber violencia sexual a la Fiscalía. De cara al futuro, los retos pasan por consolidar los servicios existentes, más formación de los profesionales implicados en la protección de los menores y campanas de prevención y sensibilización. No se descartan abrir más centros si se demuestra necesario.