Los dueños de gatos están avisados: multas de hasta 200.000 euros por incumplir estas obligaciones

Los dueños de gatos en España deben cumplir ahora con una nueva obligación legal ineludible: identificar a sus mascotas con un microchip o enfrentarse a sanciones económicas considerablemente elevadas. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, sobre protección de los derechos y bienestar animal, establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 200.000 euros para quienes no acaten esta normativa. Este cambio legislativo tiene como objetivo no solo mejorar el control y registro de los animales de compañía a nivel nacional, sino también unificar los criterios de protección, que hasta ahora variaban entre comunidades autónomas.

La realidad es que actualmente resulta imposible determinar con exactitud el número de mascotas en España. Si bien existe la creencia popular de que hay más perros que niños en el país, las estadísticas oficiales no son fiables por dos motivos principales: muchos propietarios aún no han implantado el chip obligatorio a sus animales y, además, raramente se notifica el fallecimiento de las mascotas, lo que provoca que miles de animales ya fallecidos sigan figurando en los censos. Esta situación ha motivado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a impulsar medidas más estrictas para garantizar un registro preciso y actualizado.

El objetivo fundamental de esta normativa es homogeneizar las regulaciones en todo el territorio español, superando las diferencias que existían previamente entre distintas regiones. Ahora, todos los tutores legales de felinos, independientemente de dónde residan, están obligados a registrar a sus animales mediante la implantación subcutánea de un microchip, además de mantener al día su calendario de vacunación.

¿Cómo funciona el sistema de identificación obligatoria para gatos?

La implantación del microchip debe realizarse durante los primeros meses de vida del animal. Según la interpretación de la normativa, el plazo límite se establece en los tres meses de edad o, como máximo, los seis meses. Una vez superado este período sin haber procedido a la identificación del felino, el propietario podría incurrir en una infracción administrativa catalogada como grave.

El procedimiento para la inserción del microchip es relativamente sencillo desde el punto de vista clínico y debe ser llevado a cabo por profesionales veterinarios en centros homologados. El dispositivo, cuyo tamaño es comparable al de un grano de arroz, se inserta bajo la piel del animal, generalmente en la zona del cuello. Este chip contiene un código único de 15 dígitos que, aunque no almacena datos personales directamente, está vinculado a una base de datos oficial donde sí constan la información de contacto del propietario.

Es fundamental que tras la implantación, el propietario se asegure de que el microchip queda correctamente registrado en las bases de datos correspondientes, ya sea la gestionada por la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) u otros organismos equivalentes reconocidos. Este paso es imprescindible para que el sistema de identificación cumpla su función en caso de extravío del animal.

Régimen sancionador y consecuencias del incumplimiento

La nueva legislación no contempla el incumplimiento como una cuestión menor. De hecho, la Ley de Bienestar Animal tipifica como infracción grave la tenencia de gatos sin el preceptivo microchip, estableciendo un marco sancionador con multas que oscilan entre los 50.001 y los 200.000 euros. Esta categorización sitúa la omisión del microchip al mismo nivel que otras prácticas explícitamente prohibidas por la normativa, como por ejemplo la comercialización de felinos en establecimientos no autorizados.

Además, la ley también considera infracción el hecho de no comunicar la pérdida de un animal en un plazo máximo de 48 horas, lo que subraya la importancia que el legislador ha querido dar a la trazabilidad y control de los animales de compañía en nuestro país.

El contexto más amplio de la protección animal en España

Esta nueva regulación sobre la identificación de gatos mediante microchip se enmarca en un contexto más amplio de reformas legislativas orientadas a mejorar el bienestar animal en España. Datos recientes indican que más de 286.000 perros y gatos son abandonados anualmente en el territorio nacional, una cifra que las autoridades pretenden reducir mediante un mayor control y una más eficaz identificación de los propietarios legales.

La normativa también pretende abordar la problemática de las colonias felinas urbanas, cuyos integrantes, al carecer de identificación, quedan en un limbo legal que dificulta su gestión ética y sanitaria. Con la obligatoriedad del microchip, se espera mejorar tanto el control de las poblaciones de gatos ferales como facilitar la reunificación de mascotas extraviadas con sus propietarios.

¿Qué deben hacer los propietarios para cumplir con la ley?

Los propietarios de gatos en España deben seguir varios pasos para asegurarse de que cumplen con las nuevas disposiciones legales:

1. Acudir a un centro veterinario homologado para la implantación del microchip si su gato aún no dispone de él.

2. Verificar que la información del chip queda correctamente registrada en las bases de datos oficiales.

3. Mantener actualizados los datos de contacto asociados al microchip en caso de cambio de domicilio o teléfono.

4. Asegurarse de que su mascota cumple con el calendario de vacunación obligatorio.

5. En caso de pérdida del animal, notificar la desaparición a las autoridades competentes en un plazo máximo de 48 horas.

¿Cómo afecta esta ley a las personas que alimentan gatos callejeros?

Un aspecto que ha generado cierta controversia es la situación de aquellas personas que, sin ser propietarios formales, alimentan regularmente a gatos callejeros o ferales. La ley establece diferencias entre el concepto de "propietario" y el de "cuidador", lo que tiene implicaciones directas en cuanto a responsabilidades legales.

Las administraciones locales están adaptando sus protocolos para gestionar las colonias felinas urbanas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que incluye la identificación de los animales. No obstante, en estos casos, la responsabilidad de la implantación del microchip recaería sobre la entidad gestora de la colonia, generalmente el ayuntamiento o asociaciones protectoras autorizadas, y no sobre los ciudadanos que voluntariamente alimentan a estos animales.

La implementación efectiva de esta normativa supone un reto logístico considerable, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios veterinarios puede ser más limitado. Por ello, algunas comunidades autónomas han puesto en marcha programas de ayudas económicas destinadas a facilitar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de propietarios con recursos limitados.

En definitiva, la nueva legislación sobre la identificación obligatoria de gatos mediante microchip representa un paso significativo hacia una gestión más responsable y ética de los animales de compañía en España, aunque su implementación efectiva requerirá de un esfuerzo conjunto por parte de propietarios, profesionales veterinarios y administraciones públicas.