Facua denuncia que seis grandes cadenas continúan pactando los precios del aceite de oliva

La organización de consumidores Facua ha denunciado que seis grandes cadenas de supermercados en España -Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona- continúan manteniendo presuntos pactos de no agresión en la comercialización del aceite de oliva, igualando los precios de sus respectivas marcas blancas. Según la asociación, esta situación se viene produciendo desde agosto de 2024, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta por parte de las autoridades competentes.

Ante esta situación, Facua ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que inicie una investigación para determinar si existe o no dicho pacto entre las grandes distribuidoras. La organización ha fundamentado su denuncia en un análisis realizado a través de su herramienta web, que monitoriza las oscilaciones históricas en los precios, comparándolos entre diferentes establecimientos y señalando aquellos productos que han experimentado mayores incrementos.

Bajadas de precio coordinadas entre supermercados

El estudio de Facua revela un patrón que podría evidenciar prácticas anticompetitivas. Según detalla la organización, Mercadona aplicó el pasado 28 de marzo una reducción de 30 céntimos en el formato de un litro de aceite de oliva virgen extra de su marca Hacendado, pasando de 5,85 euros a 5,55 euros. Lo llamativo es que, tan solo un día después, Alcampo y Eroski implementaron exactamente la misma rebaja en sus respectivos productos de marca blanca.

El patrón continuó cuando, pocos días más tarde, Carrefour, Dia e Hipercor siguieron idénticamente la misma estrategia. En la actualidad, todas estas cadenas mantienen el mismo precio para sus marcas propias de aceite virgen extra, lo que ha reforzado las sospechas de Facua sobre la existencia de un posible acuerdo entre competidores.

Esta sincronización en los movimientos de precios resulta especialmente relevante en un contexto donde el aceite de oliva ha experimentado importantes subidas en los últimos años, afectando significativamente a la cesta de la compra de los consumidores españoles.

Precedentes y denuncias sin respuesta

Las acciones de Facua respecto a posibles pactos entre supermercados no son nuevas. La organización ya presentó en noviembre de 2023 una denuncia ante la CNMC para que investigara la posible existencia de acuerdos entre estas cadenas. Posteriormente, en septiembre de 2024, denunció una estrategia similar en las marcas de leche, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha por parte del organismo regulador.

Además, en julio de 2024, la organización de consumidores presentó otra denuncia, esta vez ante el Ministerio de Consumo, donde ponía de manifiesto sucesivas subidas de precios paralelas en las marcas blancas de aceite de oliva de ocho grandes cadenas de supermercados. Facua argumentaba que estas prácticas vulneraban la prohibición de subir márgenes que estuvo vigente durante 2023 y 2024 en los alimentos afectados por la rebaja del IVA. Sin embargo, según afirma la organización, tampoco esta reclamación ha sido respondida por el Ministerio que actualmente dirige Pablo Bustinduy.

La CNMC y su papel en la vigilancia de prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo encargado de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.

En casos como el denunciado por Facua, corresponde a la CNMC investigar si existe una práctica colusoria entre competidores, lo que podría constituir una infracción grave de la Ley de Defensa de la Competencia. Las sanciones por estas prácticas pueden alcanzar hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior.

El establecimiento de acuerdos entre competidores para fijar precios, directa o indirectamente, está expresamente prohibido tanto por la legislación española como por la normativa europea, ya que distorsiona el libre mercado y perjudica finalmente a los consumidores al eliminar los beneficios que deberían derivarse de la competencia.