Los jueces de paz no podrán oficiar bodas a partir de hoy

A partir de hoy, los juzgados de paz ya no podrán oficiar bodas, al menos, temporalmente. La ley de Eficiencia de Justicia aprobada en enero entra en vigor y, entre otras muchas medidas, recoge una modificación de las funciones que cumplen estos juzgados de paz: dejan de ser los encargados del Registro Civil Municipal, algo que pasa a manos de las nuevas Oficinas Colaboradoras, y en la práctica, retira a los juzgados de paz la potestad de celebrar matrimonios civiles. A finales de febrero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, adelantó que se introducirá algún tipo de enmienda para que puedan seguir oficiándolas como hasta ahora. Una rectificación que todavía no se ha hecho pero que se confía en que llegue. A partir de ahora, los interesados en darse el “sí quiero” con una ceremonia civil deberán hacerlo en el ayuntamiento o ante notario. Bolaños dijo que su ministerio no tiene “ningún inconveniente en que los juzgados de paz recuperen las competencias para celebrar matrimonios. Yo creo que era bueno, estaba socialmente aceptado, era fácil y era barato”, concluyó.

Al respecto, la jueza de paz de Agramunt, Zoe Valero, explicó que “hasta ahora el 99% de las bodas civiles en Agramunt las oficiaba yo y cuando supimos este cambio, distribuimos las muchas que había programadas entre alcaldía y concejales”. Valero añadió que “se está trabajando para que esta medida cambie y todo apunta a que se retrocederá y volveremos a tener competencia”. Con todo, indicó que “se han retirado las bodas civiles porque está previsto que tengamos más volumen de trabajo con las conciliaciones (ver desglose). Por su parte, el juez de paz de Tàrrega, Joan Ribó, calificó la nueva ley como “absurda” ya que “no tiene en cuenta la importancia de esta figura y no solo eso sino que a partir de ahora muchos documentos y certificados tendrán que pasar previamente por Cervera cuando hacerlos aquí no nos suponía ni diez minutos”.

Tendrán más volumen de trabajo con las conciliaciones

� La jueza de paz de Agramunt, Zoe Valero, explicó ayer a SEGRE que “está previsto que tengamos más volumen de trabajo con las conciliaciones ya que, a partir de ahora, todas las demandas que se interpongan en los juzgados tendrán que acreditar que previamente sus impulsores han intentado llegar a un acuerdo, y una vía de hacerlo es pasando por el juzgado de paz”. Según Valero, el objetivo es descongestionar los tribunales de casos menores mientras los juzgados de paz atienden “casos un poco más complejos”. Como ejemplo, indicó que en reclamaciones se incrementan los procedimientos con los juicios civiles de cuantía igual o inferior a 150 euros y los expedientes de conciliación civil hasta 10.000 euros, “mientras que hasta ahora eran reclamaciones de hasta 90 euros”.